SCJN ordena juzgar desapariciones de defensoras con enfoque de género

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia histórica que obliga a las autoridades judiciales del país a juzgar los casos de desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos bajo un enfoque de género e interseccionalidad. La resolución establece que esta perspectiva no es una opción discrecional para los juzgadores, sino una obligación constitucional indispensable para garantizar el acceso a la justicia y la debida diligencia en investigaciones de alto impacto.

La determinación del máximo tribunal surge tras analizar las fallas estructurales en las investigaciones de desapariciones, donde los prejuicios y la falta de análisis sobre el entorno de riesgo de las víctimas han obstaculizado la localización y la sanción de los responsables. La SCJN enfatizó que los jueces deben considerar las condiciones particulares de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres que defienden territorios, derechos ambientales o causas sociales en México, reconociendo que sus labores de activismo pueden ser el móvil de las agresiones.

El fallo obliga a las fiscalías y tribunales a implementar protocolos que identifiquen las barreras de género que impiden el avance de las indagatorias. Esto incluye la necesidad de realizar análisis de contexto que vinculen las actividades de defensa de las víctimas con los hechos delictivos, evitando que las desapariciones sean tratadas como casos aislados o desvinculados de su labor social.

Esta resolución sienta un precedente vinculante para todo el sistema de justicia mexicano, incluyendo a las fiscalías estatales y tribunales locales. Con ello, la Suprema Corte busca reducir la impunidad en delitos contra mujeres que, debido a su perfil como defensoras, enfrentan riesgos específicos que requieren una atención especializada y libre de estereotipos.

Especialistas en el ámbito jurídico señalaron que este criterio deberá ser integrado en la capacitación continua de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías en las entidades federativas. El objetivo es transformar las prácticas institucionales para que el enfoque de género se convierta en una herramienta operativa que permita esclarecer el paradero de las víctimas y proteger la labor de quienes continúan exigiendo justicia en el país.