FGR atrae investigación por decomiso de hidrocarburos en Guanajuato
La Fiscalía General de la República tomó control del caso tras un importante aseguramiento de combustible en Guanajuato, mientras la empresa afectada sostiene la legalidad de sus operaciones.

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este domingo que atraerá la investigación referente al reciente decomiso de combustible registrado en el estado de Guanajuato. La intervención federal se produce tras una serie de operativos realizados por fuerzas de seguridad en instalaciones industriales, donde se detectaron grandes volúmenes de hidrocarburos cuyo origen y documentación legal están bajo escrutinio por parte de las autoridades competentes.
El operativo, que involucró la participación de elementos de la Guardia Nacional y personal especializado de PEMEX, derivó en la clausura temporal de las instalaciones y el aseguramiento de vehículos de carga. Las autoridades federales buscan determinar si el combustible incautado cuenta con los pedimentos de importación o las facturas de adquisición que exige la normativa vigente en materia energética para su almacenamiento y distribución en territorio nacional.
Por su parte, la empresa propietaria de los predios y los materiales confiscados ha emitido una postura oficial mediante sus representantes legales, asegurando que todas sus operaciones se ajustan estrictamente al marco legal mexicano. La compañía sostiene que la documentación necesaria fue presentada en tiempo y forma ante las autoridades durante la diligencia, y ha señalado que colaborará con el Ministerio Público Federal para esclarecer cualquier inconsistencia técnica que haya motivado la intervención de la FGR.
El caso ha generado expectativas en el sector energético local, especialmente ante los esfuerzos coordinados entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la FGR para combatir el trasiego ilícito de combustibles en la región del Bajío. La Fiscalía deberá integrar las pruebas periciales y los documentos contables aportados por la empresa para determinar si existe responsabilidad penal por el delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburos o si se trata de un conflicto administrativo derivado de discrepancias en el inventario.
De acuerdo con los protocolos de la institución, la carpeta de investigación se mantendrá bajo reserva mientras se llevan a cabo las diligencias de campo y el análisis de la cadena de custodia del material asegurado. Se espera que en los próximos días la autoridad federal defina la situación jurídica de los responsables de la planta y emita un dictamen definitivo sobre el origen del producto incautado.
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