Exintegrantes de fuerzas de seguridad denuncian incertidumbre laboral en mesas de transición

Exelementos de la extinta Policía Federal y miembros de la Guardia Nacional han manifestado su preocupación ante la falta de avances en las mesas de transición laboral prometidas por las autoridades federales. A pesar de los compromisos iniciales para regularizar su estatus e incorporarlos formalmente a las áreas operativas y administrativas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los afectados denuncian que los procesos han sido postergados de manera indefinida en los últimos meses.

Los inconformes señalan que, tras el proceso de transferencia de mando y la reestructuración de las instituciones de seguridad pública, han quedado en una situación de vulnerabilidad administrativa. Argumentan que, si bien se estableció una ruta crítica para su reinserción laboral, la falta de comunicación oficial y la cancelación reiterada de los encuentros con las autoridades de la dependencia han generado incertidumbre sobre su antigüedad, prestaciones sociales y estabilidad laboral.

Representantes de los grupos afectados han solicitado que se establezca un calendario claro para la resolución de sus expedientes. Subrayan que la transición hacia el nuevo modelo de seguridad nacional no debe traducirse en la pérdida de derechos laborales adquiridos, ni en el abandono de quienes prestaron servicio en las corporaciones previas a la consolidación de la Guardia Nacional bajo el mando actual.

Por su parte, fuentes cercanas a la SSPC han indicado que los procesos de revisión de personal son complejos y requieren una validación minuciosa en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para asegurar la viabilidad presupuestaria. Se estima que, a medida que avance el ejercicio fiscal y se consoliden las estructuras administrativas, se podrá dar certeza a los agentes que aún esperan una resolución definitiva sobre su situación contractual.

Hasta el momento, los trabajadores afectados mantienen la exigencia de un diálogo directo con los titulares de la Secretaría para destrabar los procesos. Buscan que se garanticen condiciones de trabajo dignas y se respete la trayectoria de aquellos elementos que han cumplido con los requisitos de evaluación y control de confianza necesarios para continuar en el servicio público de seguridad.