Afectados por crematorio Plenitud exigen disculpa pública a gobernadora Maru Campos

Representantes de familias afectadas por las irregularidades operativas en el crematorio Plenitud, ubicado en el estado de Chihuahua, han solicitado formalmente a la gobernadora María Eugenia Campos Galván una disculpa pública por parte de las autoridades estatales. La petición surge ante la presunta omisión en la supervisión de las normas sanitarias y de protección civil que habrían facilitado el manejo inadecuado de restos humanos en dicho establecimiento.

Los demandantes argumentan que la falta de protocolos claros y la ausencia de inspecciones recurrentes permitieron que el crematorio operara bajo condiciones que vulneraron la dignidad de los fallecidos y la tranquilidad de sus dolientes. A través de un pronunciamiento conjunto, los colectivos han señalado que este acto de reconocimiento por parte de la titular del Ejecutivo estatal es fundamental para iniciar un proceso de reparación del daño y garantizar la transparencia en los servicios funerarios de la entidad.

Por su parte, el equipo de comunicación del gobierno estatal ha indicado que las investigaciones sobre el caso Plenitud se encuentran en curso bajo la jurisdicción de las autoridades correspondientes. Asimismo, han manifestado que el Poder Ejecutivo se mantiene atento a los resultados de las diligencias ministeriales para determinar las responsabilidades administrativas y legales que pudieran derivarse de los hechos denunciados por los ciudadanos.

Dentro de las propuestas presentadas por los afectados, se incluye la creación de un padrón estatal de servicios funerarios certificados y la implementación de inspecciones sorpresa constantes por parte de la Secretaría de Salud del estado. Estas acciones buscan prevenir que situaciones similares se repitan en otros municipios de Chihuahua, estableciendo controles sanitarios más estrictos y una vigilancia permanente sobre la disposición final de restos humanos.

Finalmente, los familiares han enfatizado que su movimiento no tiene tintes políticos, sino que responde a una necesidad de justicia y trato digno ante lo que califican como una negligencia institucional. Se espera que en los próximos días se establezca una mesa de diálogo entre los representantes de los afectados y funcionarios de la administración estatal para discutir la viabilidad de las medidas solicitadas y el seguimiento a las denuncias penales interpuestas.